Una máxima rige en el oscuro mundo de las cárceles y de otros centros de detención: lo que ocurre tras las rejas, queda tras las rejas. Sin embargo, de cuando en cuando, llegan a oídos de las autoridades distintos casos que revelan cómo se vive en un calabozo.
Según un informe dado a conocer por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia, en el último año se iniciaron unos 50 expedientes por denuncias sobre torturas o situaciones de abuso de poder en prisiones, comisarías y otros institutos. El documento -al cual tuvo acceso LA GACETA- revela que se desconoce qué medidas tomaron las autoridades ante cada caso.
El titular de la Secretaría, Daniel Posse, ordenó la elaboración del informe a raíz de una nota publicada el lunes por este diario, en la cual se consignaba que las comisiones a su cargo visitaban los centros de detención pero no recibían denuncias.
En el último año, los inspectores de Derechos Humanos estuvieron 36 veces en los diferentes penales; 15 veces en los institutos de menores; en comisarías de la capital y del interior; cuatro veces en hospitales neuropsiquiátricos y una vez en la sede de la Dirección General de Investigaciones de la Policía. Se realizaron 57 actas e informes -incluido el que se le envía anualmente al Gobernador, José Alperovich- y se elevaron 57 notas a la Justicia ordinaria y federal, indica el texto firmado por Julio Luna y Mariela Ortiz, titulares de la comisión de Institutos Penales. "En la mayoría de los casos, las autoridades no informan a esta comisión sobre el resultado de las actuaciones administrativas", añade el texto.
En ese sentido, Laura Termini Maino, señaló en una nota que la Secretaría recibe denuncias de diversa índole en los centros de detención. Así, de los 50 expedientes abiertos en el último año, 28 corresponden a presuntos casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; además, se recibieron otros reclamos de situaciones ligadas a abuso de poder policial que no implican tortura.
Termini Maino afirmó en el escrito que se les remitieron todas las denuncias al Ejecutivo. "El análisis muestral que se realiza todos los años arroja que el Ministerio de Seguridad Ciudadana no ha devuelto y/o respondido a esta Secretaría 10 expedientes remitidos a su competencia durante 2009", señala el documento. Y agrega que este año la cartera a cargo del ministro Mario López Herrera sólo informó la apertura de un sumario administrativo a empleados policiales.
Cuestión de códigos
La vocal de la sala IV de la Cámara Penal, María del Pilar Prieto, expresó que no suelen llegar a juicio causas sobre torturas o delitos similares. Además, explicó que los reos, al ser entrevistados, tampoco suelen revelar estas situaciones. "A veces les preguntamos qué les ocurrió en tal o cual parte del cuerpo, y contestan que se autolesionaron o respuestas similares. Al menos a nosotros no nos recibimos ese tipo de denuncias, pero puede estar vinculado por el código que rige en los penales", dijo la camarista.
Quienes por lo general actúan en estos casos son los defensores. "Cuando se está produciendo un agravamiento en las formas y condiciones del cumplimiento de la detención, esta se torna ilegítima y se puede aplicar un recurso de habeas corpus correctivo. Esto puede derivar en una investigación penal para determinar si el funcionario que la permitió tuvo alguna responsabilidad", dijo Roberto Flores. La penalista Aurora Díaz Argañaraz, en tanto, reclamó que las condiciones de detención son preocupantes. "A pesar de las útlimas remodelaciones que se han aplicado en las penitenciarías, todavía encontramos situaciones de hacinamiento, vejámenes, apremios y otros hechos gravísimos", aseveró.